Veintiún años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP prepara, en su tónica del “reformazo regresivo”, un nuevo proyecto de Ley, que vendrá a sustituir