El artículo 47 de la Constitución Española recoge que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

La realidad evidencia cómo este derecho fundamental ha sido negado a amplias capas de la población durante décadas. La vivienda se ha constituido como una de las principales fuentes de acumulación capitalista por parte de grupos oligárquicos de poder, tales como bancos, constructoras o promotoras. La situación se ha agravado especialmente desde el estallido de la crisis, cuando los intereses económicos de la banca han abocado a la ejecución de cientos de miles de desahucios. Además, la situación de desempleo y precariedad laboral impuesta por las sucesivas reformas laborales de los gobiernos del PSOE y el PP ha hecho inviable la emancipación para cientos de miles de personas, particularmente jóvenes.

Las administraciones locales tienen un gran margen de intervención en política de vivienda. En concreto, el Ayuntamiento de Las Rozas no es ajeno al deber constitucional de las administraciones públicas de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Para ello, debe desarrollar políticas activas que supongan la puesta a disposición de viviendas en condiciones asequibles para aquellos colectivos con más dificultades, como son los jóvenes, un sector de la población especialmente golpeado por la crisis económica y el desempleo.

En el año 2004 se constituyó la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y  Vivienda (EMGV), de propiedad municipal. Su objeto social, de acuerdo con sus estatutos, recoge la construcción de viviendas y edificios en las que el Ayuntamiento sea el promotor. En materia de vivienda, el papel de la Empresa se ha limitado a la recepción gratuita de parcelas del Ayuntamiento de Las Rozas, que han sido segregadas y vendidas a promotoras privadas para la construcción de Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), en el marco del llamado “Plan de Vivienda Municipal de Las Rozas”.

El resultado de este modelo de desarrollo de vivienda protegida a través de la iniciativa privada ha sido la puesta a disposición de los jóvenes de Las Rozas de un parque de viviendas en unas condiciones de precio de venta y arrendamiento superiores a la vivienda libre. Una brecha que se ha visto agravada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída de los precios. Esta situación ha provocado que la mayor parte de los más de 4.000 jóvenes de Las Rozas que formaban parte del listado de solicitantes de viviendas protegidas hayan renunciado cuando han sido informados de las condiciones.

En los últimos meses hemos asistido al menos a dos ejemplos del fracaso de este modelo. Por un lado, en la promoción de viviendas de alquiler de El Montecillo había en el mes de octubre 119 viviendas vacías, y un goteo constante de jóvenes que se están marchando porque no pueden afrontar las condiciones económicas de los alquileres. Ni el Ayuntamiento ni la EMGV han tenido capacidad ni voluntad alguna de intervención ante esta triste realidad, ya que buena parte de la propiedad de estas viviendas ha ido oscilando entre Bankia, la SAREB y, recientemente, el fondo de inversión BlackStone.

Por otro lado, la EMGV ha demandado a la constructora Viviendas Nueva Era S.C.M., por incumplimiento de pago del 90% del precio de la parcela pública 1-E de La Marazuela, solicitando la resolución del contrato. Esta empresa, que en octubre contaba con 18 reservas para las 33 viviendas que preveía construir, ni siquiera parece haber abonado a la empresa pública el importe del suelo que ha comprado, a la espera de que pueda asegurarse los beneficios que espera, en un claro ejemplo de especulación. Parece esperable, en consecuencia, la recuperación de la citada parcela por parte de la EMGV.

La EMGV durante su actividad ha generado beneficios procedentes en su mayor parte de la venta de parcelas municipales cedidas a la EMGV por el Ayuntamiento, que lejos de invertirse en los fines que están determinados en su objeto social, han vuelto a las arcas municipales en forma de reparto de dividendos o compra de parcelas. Entendemos que la EMGV no debe funcionar como un instrumento de financiación del Ayuntamiento, sino que debe emplear sus recursos económicos, de personal y materiales en el desarrollo de promociones de viviendas que garanticen el acceso a la vivienda en condiciones más ventajosas que las que ofrece el mercado libre.

Según el presupuesto de la EMGV para 2014, aprobado en Junta General el 18 de diciembre de 2013, se esperan en este año unos beneficios de más de 2,5 millones de euros para la Empresa, más que suficientes para la promoción directa de los 2.822 metros cuadrados edificables para vivienda protegida en la citada parcela 1-E, una vez sea esta recuperada.

Por otro lado, el desarrollo de esta promoción con un cierto sentido estratégico podría dotar de unos servicios mínimos a todo el conjunto de viviendas de protección de La Marazuela, una serie de promociones aisladas sin ningún tipo de equipamiento comercial o terciario, favoreciendo el empleo y la satisfacción de ciertas necesidades en cercanía para todos los vecinos. Logrando, en definitiva, los objetivos sociales a los que se debería dirigir la política del Ayuntamiento y de la EMGV: Mejorar la calidad de vida de los vecinos y facilitar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Las Rozas eleva al Pleno los siguientes ACUERDOS para que sean considerados en este Pleno Municipal:

1- Que los beneficios de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) de Las Rozas en el año 2014 sean invertidos en la promoción directa de vivienda pública por la propia Empresa, particularmente en la parcela 1-E de La Marazuela en el previsible caso de que la EMGV recupere su titularidad.

2- Que las viviendas construidas se pongan a disposición de los jóvenes de Las Rozas preferentemente en régimen de alquiler, sin que el importe mensual del mismo supere en ningún caso el 30 por ciento del salario neto mensual del solicitante.

3- Que desde el Ayuntamiento se proceda a la modificación del Plan Parcial de La Marazuela e instrumentos urbanísticos derivados para permitir la existencia de bajos comerciales y terciarios en este sector.

4- Que los locales comerciales y terciarios de propiedad municipal generados en la operación se orienten al autoempleo de sectores sociales en dificultad, mediante una política de alquiler a precios sociales.