El contexto actual, tras la caída del modelo económico del “ladrillo” que marcó el desarrollo urbano de nuestros pueblos y ciudades durante los años del “boom inmobiliario”, obliga a las administraciones, a los técnicos y a la sociedad civil a reconsiderar el futuro de nuestras ciudades. Las políticas urbanísticas llevadas a cabo durante las últimas décadas pusieron el territorio y los núcleos urbanos al servicio de una maquinaria financiera que necesitaba de una frenética actividad urbanizadora y constructora para la generación de beneficios. El estallido de esta burbuja hace imposible la continuidad de estas políticas, evidenciándose en nuestras ciudades la necesidad de articular nuevas políticas urbanas más sostenibles que se basen en la resolución de las necesidades de la sociedad y la mejora de las condiciones de vida en las ciudades existentes.

Esta nueva política urbanística deberá, pues, tener en el centro de su objetivo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En estos momentos de crisis aparecen con más frecuencia conflictos entre las administraciones, que en gran parte mantienen las lógicas inmobiliarias del periodo anterior, y los intereses de los vecinos, supuestos beneficiarios de estos proyectos. Los recientes sucesos en el barrio de Gamonal en Burgos, o la reacción vecinal a los proyectos en el barrio de Cabanyal de Valencia en 2010, son ejemplos de cómo proyectos urbanísticos de la administración han entrado en clara contradicción con los intereses de los vecinos. Una contradicción que también en nuestro municipio se ha manifestado las últimas semanas en las protestas de los comerciantes de la Cuesta de San Francisco ante la reforma de la calle planteada. Así pues, las administraciones deben asumir la tarea de promover en las políticas urbanísticas el entendimiento entre gobernantes y gobernados, mediante canales efectivos de participación similares a los que ya se han aplicado desde los años ochenta en otras ciudades de España y de la Comunidad de Madrid.

La determinación de las necesidades y objetivos de las nuevas políticas urbanísticas no deben quedar exclusivamente en manos de la administración y de los técnicos, sino que se debe dar voz y poder de decisión sobre su entorno a quienes mejor conocen sus problemas: los vecinos.

Los retos a enfrentar por el urbanismo durante los próximos años son muy complejos: la sostenibilidad ambiental, el transporte, el consumo energético, los espacios de trabajo o comercio, el uso de las viviendas, solares o locales vacíos, la revitalización del espacio público… En el caso de Las Rozas, podríamos citar como cuestiones a resolver la reactivación de la calle Real y del conjunto de los centros de Las Rozas y Las Matas, la rehabilitación integral, el uso de los sectores con grandes bolsas de suelo sin desarrollar como El Montecillo o La Marazuela, la mejor conexión entre barrios, la reducción de la dependencia del coche, la introducción de más servicios en zonas con escasa vitalidad en la calle como Monte Rozas, la mejora de las zonas naturales, los posibles usos de los suelos públicos vacantes… En definitiva, una serie de situaciones complejas cuya solución requiere un esfuerzo político ambicioso de detección de necesidades, objetivos, soluciones e ideas. Sólo mediante la participación efectiva de los ciudadanos en este proceso se pueden articular políticas que supongan una solución a los problemas existentes en toda su complejidad y mejoren la calidad de vida de todos los vecinos de Las Rozas.

Por todo lo anterior, proponemos el siguiente

ACUERDO

1) Implantar sistemas de participación ciudadana efectiva, tanto presencial como telemática, para conocer las necesidades de distintos barrios y sectores. Las conclusiones de este proceso constituirán los objetivos a resolver mediante las obras, actuaciones o planes urbanísticos que se realicen.

2) Someter a información pública toda obra con un presupuesto superior a los 100.000 euros, dando publicidad en la página web municipal e informando de forma directa de sus características, presupuestos y empresas concursantes a los vecinos directamente afectados. En caso de existir una oposición significativa, se someterá la propuesta a consulta vinculante, dando publicidad también a la posición de los grupos de la oposición en la página web municipal.

3) Crear un Consejo Local del Urbanismo para formular y plantear criterios y alternativas de ordenación a corto, medio y largo plazo, principalmente en relación a la elaboración y seguimiento de planes generales, parciales y especiales.