En Madrid, el pasado 22 de marzo, se produjeron en varias manifestaciones convocadas por las “Marchas de la Dignidad”, que desembarcaron en la capital desde distintos puntos del país como protesta contra los recortes viene sufriendo la población.

Las reivindicaciones centrales de los convocantes eran sencillas: pan, trabajo y techo para todas y todos. Se trata de reclamar condiciones de vida dignas, trabajo para mantenerlas y el derecho a una vivienda.

Las marchas denunciaban a la Troika y a los gobernantes neoliberales que gestionan la crisis. Denuncian el artículo 135 de la Constitución Española que prioriza el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas, y reivindicaban no pagar la deuda ilegitima que no ha contraído la ciudadanía sino que es producto de la especulación bancaria y lo excesos de los distintos gobiernos.

Sin duda alguna, España se encuentra ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que exige respuestas inmediatas. Este mismo mes hemos conocido un informe de Cáritas Europa en la que España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía.

Es preciso garantizar de manera real y efectiva el derecho a percibir unos ingresos mínimos de subsistencia y establecer medidas de apoyo tendentes a conseguir la inclusión sociolaboral, reconociendo ese derecho con carácter subjetivo.

Así, sería necesario un sistema de renta mínima garantizada para extender la prestación a las personas hoy excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito autonómico o estatal. No se trata de cambiar la administración pagadora de una prestación sino de completar en todo el Estado la insuficiente cobertura actual.

Sobre el derecho de acceso a la vivienda, hay que tener presente que la crisis inmobiliaria es uno de los componentes más importantes de la depresión económica por la que estamos atravesando, y por tanto está directamente con el acceso a dicho derecho. La situación se ha creado como consecuencia tanto de la visión economicista que han tenido los distintos gobiernos del país que sólo han profundizado en la liberalización del mercado de un bien esencial para todos los ciudadanos, como del correspondiente menosprecio ante un derecho constitucional y humano.

El derecho a la vivienda no puede estar regido por la reglas del mercado, favoreciendo única y exclusivamente a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales.

Existen muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no sólo una mercancía. Políticas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, que generen distintos beneficios sociales y corrijan las injusticias patentes y frente a las entidades financieras. Todas ellas, además, permitirían a las familias disponer de recursos que podrían destinar a favorecer demanda interna y con ellos la salida de la crisis y la generación de empleo.

El drama de los desahucios continúa tan vivo como desde que comenzó la crisis y las políticas del Gobierno siguen sin abordar las causas del fondo ni las soluciones reales. Es más, incluso se recurren ante el Tribunal Constitucional iniciativas como el Decreto 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía que, entre otras disposiciones, declaraba de interés social a efectos de expropiaciones forzosas la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social, aplicando ésta a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras.

Por último, asistimos a un desempleo escandalosamente elevado, un deterioro de la calidad del empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Una situación provocada por la aplicación de las políticas de austeridad, los recortes sociales y una regresiva reforma laboral que está teniendo efectos muy negativos sobre el mercado de trabajo.

2013 ha sido el sexto año en el que se destruye empleo y la crisis ha devuelto el número de ocupados al nivel de 2001. Según la EPA, en el último trimestre del pasado año, 5.9896.300 personas se encontraban en desempleo, situándose la tasa de paro en el 26,03% de la población activa.

El empleo continúa precarizándose. En términos anuales hay 269.500 asalariados menos con contrato indefinido mientras se incrementan los asalariados con contrato temporal (81.300). La tasa de temporalidad se sitúa así en el 23,92%, incrementándose respecto al año anterior. Además, mientras el número de ocupados a tiempo completo se reduce, el empleo a tiempo parcial crece (140.4000 anualmente). El 73,3% de los empleos a tiempo parcial están ocupados por mujeres.

El paro de larga duración, más de un año en situación de desempleo, ya afecta a casi 3,6 millones de personas representando el 61% del total de personas desempleadas. Y este colectivo, más de 2,3 millones están desempleados desde hace más de dos años.

Existen 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja y el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha multiplicado por dos desde que se inició la crisis económica hasta computar 686.600.

Mientras, la cobertura por desempleo no deja de descender. En la actualidad 2,8 millones de personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, sea contributiva o asistencial. Esto significa que sólo el 47,5% de las personas desempleadas que estima la EPA percibe una prestación por desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de cobertura por desempleo.

Desde el Grupo Municipal Izquierda Unida – Los Verdes proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid los siguientes

 ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar al Gobierno Central a presentar en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley para la creación de un Sistema de Renta Mínima Garantizada (SRMG) que tenga por objeto asegurar los recursos básicos necesarios para garantizar a cada persona una vida digna.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central a presentar en el Congresos de los Diputados un Proyecto de Ley que modifique la actual Ley Hipotecaria, de forma que se garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y desarrolle las posibilidades de inembargabilidad del derecho de uso reconocido en la legislación española. Así mismo, el cambio de la Ley debe incluir la modificación del Código Civil para que en el caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.

TERCERO.- Instar al Gobierno Central a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda aprobada por el Parlamento de Andalucía.

CUARTO.- Instar al Gobierno Central a presentar un Plan de Empleo-Formación, buscando el consenso junto a formaciones políticas y agentes sociales, dirigido principalmente a jóvenes y desempleados sin acceso a prestaciones por desempleo y en colaboración con los Ayuntamientos para atender necesidades de las entidades locales. Dicho plan se complementaría con una Propuesta de Convergencia en Servicios Sociales con la media de los países de la Eurozona, que dote de fondos suficientes el desarrollo de la Ley de dependencia, sanidad y educación públicas.