El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local.

El informe proviene de un nivel de Estado, como es el Gobierno Central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este ni con la Administración Autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de Régimen Local.

En ese informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del modelo  de gestión pública que se inició en nuestro país con la constitución de los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que a grandes rasgos, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal.

Con la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual Gobierno Central

La Reforma de la Administración Local no es una reforma, si no una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido, con mayor o menor ambición, la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana a la ciudadanía.

Los municipios de nuestros estado en 1979 fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales, alcaldesas y alcaldes fueron elegidos por sus vecinos y vecinas, y accedieron al Gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus ciudadanos y ciudadanas, y, también debido a la falta de definición constitucional de las competencias locales, a hacer frente a aquellas demandas y retos que fueron impulsados por los vecinos de su localidad.

Desde ese principio de Administración más cercana se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.

La famosa y trágica, por sus consecuencias, de la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011, acordada por el Partido Popular y el PSOE, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas. A esta obsesión se intenta someter ahora a la Administración Local a través de esta Reforma, sin contemplar las consecuencias sociales, en forma de pobreza y deterioro, de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente entre las capas populares de la sociedad.

En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley. En realidad la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, especialmente los Estatutos de Andalucía y Cataluña han definido las competencias propias de los municipios, en una suerte de segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista. Estos Estatutos son Leyes Orgánicas aprobadas en las Cortes y forman parte del bloque normativo constitucional.

El informe apunta que se eliminan duplicidades y competencias impropias para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado articulo 135 de la Constitución Española.

Sin embargo no se eliminan las duplicidades, ya que existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los Ayuntamientos saneados afronten de cualquier servicio, si no que, en todo caso, se eliminar competencias propias de los municipios en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud, o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, al asociar el Gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades.

Se habla de duplicidades cuando quieren hablar de recortes y de desmantelamiento de los servicios públicos.

Se habla de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción de la Administración Local a su minima expresión.

La reforma supone un tutelaje de una Administración sobre otra, al ignorar las competencias autonómicas sobre el Régimen Local y desprecia a los Ayuntamientos como parte de la Administración del Estado en pie de igualdad con las demás Administraciones.

La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma.

Así habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatización de servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos a alcanzar el favorecer la iniciativa privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

En este punto se encuentra la clave de bóveda de la reforma de las Administraciones Locales: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias; anteponiendo los principios financieros neoliberales sobre cualquier otra consideración en la gestión municipal; la intervención y el fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y a la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, aunque no sea de aplicación en nuestro caso concreto al forma parte de una Comunidad Autónoma uniprovincial; y la privatización de los servicios públicos por esta vía en los municipios que pierden la titularidad de sus competencias.

Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.

La reforma de las Administraciones Locales tiene el aroma del moderantismo del siglo XIX, a la vuelta del caciquismo y al elitismo en la representación política. Se desvía la radicalidad antidemocrática de la propuesta de reforma en base al ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del ahorro total. Se apunta la limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales, cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales de los 8.116 municipios que componen nuestro país.

La reforma de las Haciendas Locales refleja, por último, los prejuicios de la ideología neoliberal carentes de conexión con la realidad de los Ayuntamientos, según los cuales sobra Estado y, por tanto, municipios o están muy endeudados. El porcentaje de la deuda municipal en relación con la deuda de las Administraciones Públicas, antes de estudiar el impacto de los Planes de Ajuste, es del 4.5% y de ese porcentaje, el 40% lo suman diez ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por el municipio de Madrid con el 22,5% de esa deuda

Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 y 2015, a no ser con el coste de recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.

En definitiva, la reforma de la Administración Local supone el mayor ataque a los Ayuntamientos democráticos en su breve experiencia histórica. Es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de los Ayuntamiento como meros ejecutores de las políticas del Gobierno Central.

Esta reforma elimina el poder de la Administración Pública más cercana a la ciudadanía, aleja a ésta de la gestión de lo público y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una sociedad que exige más participación, más democracia y más transparencia. Ante estas demandas el Gobierno Central responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación ciudadana en los asuntos públicos.

La reforma pretende el desmantelamiento de la referencia política más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, sustituyéndolo por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como una ausencia de financiación que conlleva a la privatización de los servicios que queden.

En resumen esta reforma supone para nuestro municipio:

• Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos.
• Dos tipos de Entidades Locales Autónomas.
• Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
• Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la administración local.
• Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.
• Eliminación del principio de autoorganización municipal y autonomía local.
• Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
• Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.

Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Ayuntamiento en Pleno los siguientes

ACUERDOS

1.- Mostrar  su rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

2.-  Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias para tratar este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo.

3.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

4.- Comunicar igualmente al Gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.

5.-  Adherirse  a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.

6.- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía

De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y a  todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.