La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputó por desobediencia y prevaricación a siete personas que componían la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas durante la legislatura 2007/2011, entre los que se encuentran el exalcalde Bonifacio de Santiago y seis concejales, tres de los cuales siguen formando parte del Equipo de Gobierno local. El motivo de las imputaciones fue el incumplimiento de una sentencia de este mismo Tribunal que obligaba al gobierno municipal a revertir la cesión ilegal de los terrenos públicos donde se ubica la Ciudad del Fútbol en favor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El gobierno del Partido Popular en Las Rozas decidió en 1998 ceder gratuitamente la titularidad de estos terrenos a una entidad privada. Supuso un regalo a la RFEF en detrimento del patrimonio municipal, de todos los roceños.

De forma consciente los miembros del citado órgano no atendieron al requerimiento judicial, yendo contra los intereses de los vecinos de Las Rozas. Esta situación se dilató en el tiempo hasta que el actual Equipo de Gobierno aprobó la cesión gratuita de la parcela durante 75 años. El objetivo era el mismo, que esta entidad privada desarrolle su actividad lucrativa de forma completamente gratuita en el municipio. Los recursos públicos de Las Rozas de nuevo se han puesto al servicio de los intereses privados.

La Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2014 aprobó sufragar los gastos correspondientes a la asistencia letrada y defensa procesal derivada de las instrucciones de Diligencias Previas de este caso. De esta forma será el Presupuesto municipal el que soporte un contrato con la empresa Clifford Chance que ascienden a 33.800 euros.

La Ley no obliga expresamente a nuestro Ayuntamiento a contratar y abonar estos gastos. Por lo tanto se trata de una decisión exclusiva de la Junta de Gobierno Local. No es comprensible que las consecuencias de la inacción del Equipo de Gobierno del PP recaigan sobre el Presupuesto municipal que es dinero de todos. La sanción deriva de una decisión personal de los concejales que aprobaron no atender a los intereses de los ciudadanos del municipio.

La actual convulsión social no es casual, son el producto de años de saqueo de las instituciones y de sumisión a los intereses de los mercados. La ciudadanía exige una fidelidad total a la hora de que los representantes públicos defiendan sus intereses. Decisiones políticas como la que nos ocupan van en dirección opuesta. Primero se aprueba la despatrimonialización de nuestro Ayuntamiento y después se cargan al Presupuesto municipal los gastos jurídicos de los responsables de desatender un mandamiento judicial que anulaba la cesión.

Por todo lo expuesto anteriormente y en su virtud, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid eleva al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas para su debate, y aprobación si procede, el siguiente

ACUERDO:

Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas a iniciar los trámites oportunos para dejar sin efecto el acuerdo de adoptado en este mismo órgano en sesión celebrada el 4 de julio de 2014 y por el cual se sufragan los gastos correspondientes a la asistencia letrada y defensa procesal derivada de las instrucciones de Diligencias Previas 1/2014 de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.