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Moción contra la reforma de la LOREG, por la democracia local

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La propuesta que presentó el PP en apoyo a la reforma de la Ley Electoral que pretende impulsar el Gobierno de Rajoy, para que en las próximas municipales, mayo de 2015, los alcaldes sean los números uno de la lista más votada, nos indica el temor que siente la Derecha de este país a perder su hegemonía.

Ante unas elecciones europeas que han demostrado el hastío ciudadano por el bipartidismo tradicional y por una clara concepción de que únicamente las fuerzas de izquierda son capaces de reflotar el Estado del Bienestar que está desmantelando poco a poco el Partido Popular, la solución elegida por Mariano Rajoy es cambiar las reglas del juego desde la “ingeniería legislativa” apoyada por su mayoría parlamentaria para cercenar una vez más los derechos democráticos y la tendencia electoral hacia el cambio.

Desde Izquierda Unida-Los Verdes, no podemos más que expresar nuestro más profundo rechazo hacia esta “nueva reforma exprés”, que pretende contravenir el interés de la ciudadanía, en el ámbito que mayor vinculación se establece: el ámbito local.

IU-LV, fuerza tradicionalmente municipalista, que cree firmemente en las políticas de proximidad y en que son los ayuntamientos la piedra de toque de un sistema verdaderamente democrático, por lo que tiene de máximo conocimiento del “hacer ciudad” de un gobierno y de la sanción directa de aquellos a quienes los ciudadanos avalan o no, entiende y defiende, la máxima constitucional, en la que tal y como expone el artículo 140 de la CE, los concejales serán elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

Consideramos fundamental conservar y defender el papel de los ayuntamientos, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema constitucional, que sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad.

La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido.2

Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además, los concejales serán elegidos de forma directa.

La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes concejales que hubieran obtenido un 40% de una única lista sobre el 60% de las restantes fuerzas políticas y, por tanto, no contarán con el apoyo ni de la mitad de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos, pues el ámbito local suele estar bastante fraccionado y presentes fuerzas de carácter únicamente local, regional o autonómico, que conforman consistorios con más de cuatro o cinco fuerzas políticas, todas ellas expresión del sentir ciudadano en cada municipio. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy mayoritario y muy elevado. Conformando así, corporaciones municipales poco representativas y generadoras de importantes disconformidades y tensiones, que impone la legislación pero no el respaldo popular.

La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas no queridos, aumentando con ello la sensación de no sentirse representados e incidiendo en la desafección por la política y la vida pública.

Los Alcaldes deben ser expresión del consenso, del acuerdo y máxima representación del sentir mayoritario de la ciudadanía. Querer convertir el ámbito local en una expresión política de un presidencialismo ajeno a la tradición política Española, es querer distorsionar el sentir de las urnas para lograr de manera artificial, y con cambios legislativos acelerados, lo que parece que el PP vislumbra, la pérdida de muchas de sus alcaldías por el descontento ciudadano. Pero hemos de recordarle al Partido Popular, la sustancia del sistema democrático: la posibilidad del cambio mediante el voto libre del ciudadano. Querer alterar su expresión, no por las propuestas o por la iniciativa política, sino por reformar la LOREG “a medida”, es sencillamente, manipulación política y máxima demostración de una concepción antidemocrática del funcionamiento del sistema parlamentario y constitucional del que nos hemos dotado hace más de tres décadas.

Por todo ello el Grupo Municipal de IU-LV, y en defensa de una democracia fuerte, consciente y realmente representada, a través de su primer pilar, el local, proponemos al pleno del Ayuntamiento de Las Rozas los siguientes

       ACUERDOS:

  

  1. Retirada de cualquier iniciativa de reforma de la LOREG que minimice la proporcionalidad en el voto ciudadano y por ende, suprima la elección de los Alcaldes por parte de los representantes de los ciudadanos.
  2. Instar a la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso, que aborde una revisión general de la LOREG, compuesta por representantes de todo el abanico parlamentario, con el objetivo de consensuar una propuesta de cambio.
  3. Instar a una reforma general que establezca la reducción del mínimo de escaños por provincia de 2 a 1 -liberándose así 50 escaños para un mejor reparto- y sustituir la regla matemática D’Hondt de cálculo de escaños por el sistema Hare, que no penaliza a las formaciones estatales más pequeñas.
  4. En todo caso, exigir que cualquier reforma de la LOREG parta de las premisas de proporcionalidad, mayor participación vecinal, a través de la flexibilización de los requisitos para los referéndums locales e introducción de mecanismos de democracia directa en los periodos entre elecciones.
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