El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, acompañado por el secretario de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, presentaron ayer, 16 de Marzo, el Plan Alternativo de Acceso a la Vivienda en condiciones de crisis económica que elabora esta formación.  

El objetivo del plan es que el Estado compre en 2009 100.000 viviendas nuevas a precio de coste (de manera proporcional en cada municipio a la demanda de vivienda protegida) para destinarlas en precio de alquiler tasado a las familias o colectivos con menos recursos y en situación económica precaria. A los promotores se les ofertará comprar las viviendas en stock a precio de coste. 

 IU también propone que en las viviendas procedentes de impago de hipotecas, tendrá preferencia el propietario embargado y bajo determinadas condiciones, el alquiler podrá ser con opción de compra.  Establece que el alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.  Los datos en los que se apoya el estudio:

• Sólo el 6%-7%  de las viviendas construidas en los últimos años han sido viviendas protegidas
• Los embargos en viviendas en 2009 aumentarán un 197% respecto a los del 2007
•  A finales de año el número de desahuciados será de 180.000 familias.
• En verano es previsible que 1.5 millones de parados no cobren ningún tipo de prestación

  “Medidas de urgencia para evitar embargos”.   

Dentro del plan se plantean una serie de medidas de urgencia para evitar los embargos y desahucios a trabajadores en paro y canalizadas a través de las Comunidades Autónomas. Entre el paquete de medidas nos encontramos:

• Las Comunidades Autónomas se subrogarán en el pago de los intereses de los créditos hipotecarios de los trabajadores en paro cuyos ingresos familiares no superen la cantidad de 3.5 veces el IPREM.
• Se acordarán ayudas a fondo perdido para el pago de la hipoteca para aquellos trabajadores en paro cuyos ingresos anuales no lleguen a 2.5 veces el IPREM.
•  Ayudas al pago de alquiler mensual de los trabajadores en paro que estén en proceso de desahucio y cuyos ingresos anuales no superen 2.5 veces el IPREM.