El 8 de marzo conmemoramos la lucha de las mujeres por la transformación social. Celebramos nuestra lucha por conseguir una sociedad democrática, con iguales derechos y oportunidades para mujeres y hombres (derecho al empleo, derecho a la salud sexual y reproductiva, derechos sociales, económicos, políticos y culturales), libre de violencia de género, de división sexual del trabajo y de brecha salarial entre hombres y mujeres.

Nos encontramos en un contexto donde los recortes de derechos se han convertido en los protagonistas y estas políticas de desmantelamiento del estado social, están suponiendo un grave retroceso de la igualdad, afectando especialmente a las mujeres.

El paro y la precariedad laboral nos afectan con mayor violencia y unido a esto, los servicios que debería proporcionar la Administración, están siendo derivados al ámbito familiar, es decir, a las mujeres, viéndonos obligadas a asumir mayor carga en las tareas de cuidados, contribuyendo así a aumentar la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad en las mujeres.

Además, el Anteproyecto de reforma de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, va a suponer un golpe importante a nuestra lucha, suprimiendo para los ayuntamientos la posibilidad de tener Concejalías, actividades y planes de promoción de la igualdad.

El PP no tienen otro objetivo que, bajo el pretexto de la crisis, implantar una ideología conservadora en la que el pilar de la sociedad sea la familia patriarcal, y donde las mujeres nos sometamos a jugar  un papel dependiente, olvidándonos de las conquistas alcanzadas en décadas de lucha.

Ejemplo claro son las amenazas de la reforma de la ley del aborto, que nace de un modelo social con el que se quiere controlar la vida y el cuerpo de las mujeres, siendo tratadas como ciudadanas de segunda y eternas menores de edad.

Frente a esta situación, resulta imprescindible frenar estas políticas de recortes y ataques y buscar nuevas estrategias. Hoy más que nunca, tenemos que continuar reivindicando y luchando en la calle y en las instituciones para conseguir la transformación de nuestra sociedad.

Desde Mujeres de IU-CM, en el marco del 8 de Marzo, hemos propuesto, mediante moción en los ayuntamientos, la toma de las siguientes medidas:

• Mostrar nuestro más firme rechazo a cualquier propuesta de supresión de las políticas municipales de igualdad.
• Mostrar nuestro compromiso firme y decidido a aumentar los recursos materiales y humanos en políticas de igualdad
• Aumentar el presupuesto destinado a políticas transversales y específicas destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.
• Aumentar los recursos materiales y de personal para la prevención y atención de las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad.
• Garantizar los servicios públicos sanitarios y educativos accesibles y suficientes con el fin de posibilitar el reparto familiar y social de los cuidados.
• Exigir una formación especializada en violencia de género a todo el personal que preste servicios a mujeres en esta situación, de forma que se garantice una atención integral a las víctimas.
• Desarrollar políticas integrales de empleo que garanticen su calidad e impulsen el acceso de las mujeres al empleo, eliminando la segregación laboral y evitando la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Asegurando el derecho a la negociación colectiva de planes de igualdad, e incluyendo cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos que celebre el Ayuntamiento con las empresas.
• Garantizar la coeducación, velando por el contenido no sexista de los libros de texto y cualquier material editado por el Ayuntamiento asegurando la implantación de talleres de igualdad en todos los niveles educativos, y denegando la financiación pública a los centros educativos madrileños que segregan a su alumnado en función del sexo.
• Implantar nuevos cauces que faciliten la participación de las asociaciones feministas en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas.
• Puesta en marcha efectiva del Plan de Igualdad en el Ayuntamiento.
• Garantizar el derecho de las mujeres a determinar su salud sexual y reproductiva, asegurando la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en centros de la red sanitaria pública.