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Un nuevo conflicto laboral en Las Rozas: Las trabajadoras de ayuda a domicilio

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Una vez más desde Izquierda Unida y Contigo por Las Rozas, hemos denunciado que la política en materia de contratación que lleva a cabo el Partido Popular en el Ayuntamiento tiene consecuencias nefastas para los trabajadores de las empresas adjudicatarias, como ha pasado en el caso del personal de seguridad de los edificios municipales y como también pasa con las trabajadoras vinculadas al servicio municipal de Ayuda a Domicilio que, desde hace dos meses, no cobran sus nóminas ya que la empresa FEMSA-CAMP S.L. se encuentra en concurso de acreedores.

Tras reunirse con trabajadoras afectadas, la concejala de Contigo, Patricia García, ha exigido al Equipo de Gobierno del PP que “se ponga manos a la obra para resolver esta situación: que se rescinda el contrato con FEMSA; que saquen a la mayor brevedad un nuevo concurso, que se garantice que en ese periodo de transición el salario de las trabajadoras; que se les ingrese el dinero que se les adeuda por su trabajo y que se estudie por parte de Servicios Sociales las ayudas que sean necesarias para sobrellevar esta situación” ha indicado.

FEMSA lleva siete años siendo la concesionaria del servicio de Asistencia a Domicilio en Las Rozas, y ha contado con una plantilla que empezó siendo cercana a 40 personas y que hoy en día cuenta con una veintena. Mujeres que cobran sueldos muy bajos por un servicio tan esencial como es la ayuda a domicilio para personas con discapacidad, mayores y dependientes.

“Lo barato al final sale caro, y más cuando se le abre las puertas a empresas pirata que vulneran los derechos de los trabajadores” ha recordado García quien ha explicado que el PP prima el precio por encima de otras cuestiones en la varemación a la hora de adjudicar concursos. De hecho, éste no es el primer caso que se da en el Ayuntamiento de Las Rozas, en el caso de los vigilantes de seguridad de los edificios municipales han tenido que pasar dos años, numerosas denuncias judiciales y políticas para que se rescinda el contrato con PROMAN. En este caso, al igual que en el del servicio de Asistencia el problema fundamental ha sido que el criterio que ha tenido peso a la hora de adjudicar el servicio es el precio más bajo “dejando de lado cualquier otra consideración, lo que provoca la entrada de empresas ‘pirata’ que acaban siendo adjudicatarias de prestación de servicios públicos esenciales, que tienen a los trabajadores en unas condiciones extrema precariedad como es este caso” ha explicado la concejala.

Por otra parte, hemos tenido conocimiento que esta empresa ha vulnerado sistemáticamente los derechos laborales de las trabajadoras, incumpliendo condiciones de los convenios y las tablas salariales. “Un hecho por el cual ya ha sido denunciada y condenada judicialmente. El Equipo de Gobierno no se puede poner de perfil ante esta situación por lo que le exigimos una actuación inmediata” ha finalizado Patricia García.

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