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La corrupción por la que no detuvieron a Villar

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La detención y encarcelamiento de Ángel María Villar la semana pasada, acusado de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y alzamiento de bienes, ha supuesto una suerte de justicia poética para quienes en el municipio de Las Rozas (Madrid), hemos asistido durante casi 20 años a la impunidad de un personaje y una entidad que han ocupado ilegalmente 120.000 metros cuadrados de suelo público municipal para la construcción y disfrute de la conocida como “Ciudad del Fútbol”.

En estas dos décadas, Villar y la Federación Española de Fútbol han recibido la protección activa de los sucesivos alcaldes y gobiernos locales del Partido Popular, que han llegado a desobedecer sentencias judiciales, a desfilar por los tribunales acusados de prevaricación y desobediencia, y a enmarañar complejísimos expedientes administrativos para permitir que la Federación Española de Fútbol pudiera reclamar al Ayuntamiento más de 46 millones de euros, la mitad del Presupuesto anual de la Corporación, y así asegurar la ocupación gratuita del suelo público durante 75 años más.

Dos décadas en las que el PP ha utilizado su gobierno en el Ayuntamiento para sabotear los intereses y derechos del propio Ayuntamiento, y en consecuencia de los vecinos de Las Rozas, y defender política y jurídicamente los negocios privados de Ángel María Villar y de la entidad privada con ánimo de lucro que dirige.

Paralelamente, durante estas dos décadas, también ha habido una oposición política y judicial al expolio de patrimonio público que se estaba produciendo. En 1998, Izquierda Unida Las Rozas, y a su rebufo el PSOE, presentó un recurso contra la cesión de 120.000 metros cuadrados de suelo público a la Real Federación. En octubre de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió sentencia anulando el acuerdo de Pleno, al reconocer que se trata de un suelo público demanial y, en consecuencia, la propiedad, uso y disfrute del mismo sólo podían corresponder a administraciones públicas. Tras interminables recursos del Ayuntamiento gobernado por el PP, la sentencia devino firme por auto del Tribunal Supremo en 2006.

El Equipo de Gobierno del Partido Popular se negó a cumplir la sentencia en 2008, lo que motivó en 2014 la imputación penal del ya entonces ex alcalde Bonifacio de Santiago y otros siete concejales del PP por prevaricación y desobediencia. Finalmente, el ex alcalde y los concejales fueron absueltos de la causa penal en 2016, lo que por otro lado no anula la absoluta ilegalidad administrativa del regalo de suelo público de la que aún disfrutan la Federación Española de Fútbol y Ángel María Villar y la consiguiente vergüenza política de utilizar el gobierno de una administración pública para beneficiar ilegalmente a una entidad privada.

En 2013, acuciado por otro requerimiento judicial, el entonces alcalde José Ignacio Fernández Rubio activó un complejísimo procedimiento jurídico para que la Federación Española de Fútbol y Ángel María Villar siguieran disfrutando gratuitamente de estos 120.000 metros cuadrados de suelo público durante 75 años más. Este procedimiento se basaba en otra fórmula (la concesión demanial), que legalmente requiere del pago de un canon que se fijó en más de 46 millones de euros. El procedimiento ideado consistía en reconocer paralelamente que el Ayuntamiento tenía una “deuda” con la Federación por la misma cantidad, lo que la eximía del pago del canon y permitía la gratuidad de la cesión.

Esta nueva operación, con abundantes lagunas jurídicas, requería que el Ayuntamiento defendiera de nuevo a la Federación y acreditara dos postulados muy difícilmente acreditables: Que la Federación había actuado de buena fe desconociendo la situación jurídica (era codemandada y parte del proceso judicial desde la denuncia inicial de IU), y que el uso que hacía de los terrenos tenía interés social (cuando ya había quedado acreditada su naturaleza privada y lucrativa en el proceso anterior, y hoy sabemos que esos suelos públicos se han estado utilizando, según el juez, para delinquir). Fernández Rubio asumió gustosamente este papel de lacayo de Villar y tras dos recursos administrativos de IU aprobó definitivamente esta concesión en septiembre de 2014. Los informes jurídicos externos encargados para avalar la supuesta legalidad del expediente y la defensa jurídica de los concejales imputados, es decir, para ir contra los intereses públicos, costaron 79.000 euros al Ayuntamiento de Las Rozas, sin contar las ingentes horas de trabajo de los departamentos jurídicos y económicos del Consistorio.

Todo este proceso nos permite algunas reflexiones sobre la impunidad política, jurídica y social que ha acompañado al saqueo de fondos y recursos públicos durante las últimas décadas. En primer lugar, las personas que en este caso desde Izquierda Unida Las Rozas han estado denunciando la situación durante años y arriesgando su patrimonio personal en interminables procesos judiciales contra Goliat no contaron en su momento con el apoyo y reconocimiento que merecían, lo que ha hecho que su arduo trabajo no haya sido suficientemente conocido, valorado y agradecido ni siquiera en el ámbito local de Las Rozas.

En este nuevo contexto en que por fin disfrutamos de mayor intolerancia social hacia la corrupción, debemos también reconocer a quienes, en situaciones de debilidad y minoría, dieron la cara por los intereses públicos en contextos mucho más desfavorables para la lucha contra la corrupción. Por otro lado, debemos cuestionar las decisiones entonces tomadas y no dejar que el paso de los años normalice y consolide vergüenzas políticas judicialmente declaradas ilegales como la cesión de los 120.000 metros cuadrados de suelo público que hoy sigue disfrutando la “Ciudad del Fútbol”.

En este sentido, desde la CUP Contigo por Las Rozas, que desde mayo de 2015 es tercera fuerza política municipal tras el Partido Popular y Ciudadanos, hemos seguido defendiendo los intereses públicos frente a los negocios de Villar. Aprovechando la histórica pérdida de mayoría absoluta del Partido Popular, el Pleno aprobó en marzo de 2016, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, una moción de Contigo para que los servicios técnicos emitan informes anuales, que se debatan en Pleno, sobre el cumplimiento por parte de la Real Federación de los pliegos de condiciones y la normativa urbanística.

La entidad dirigida por Villar anuncia sin rubor en Internet negocios de hostelería y restauración sin licencia que se encuentran expresamente prohibidos en el pliego de condiciones en virtud del cual ocupan estos terrenos municipales. El actual alcalde del Partido Popular, José de la Uz, y su Equipo de Gobierno, continúan con la tradición servil de su partido respecto a la Federación de Fútbol, y llevan año y medio incumpliendo este mandato de Pleno y permitiendo a Villar desarrollar a su antojo estas actividades ilegales.

Por último, hay otra reflexión política de calado que ha acompañado durante dos décadas a todo este proceso: las escasas consecuencias jurídicas y sociales que tienen la corrupción y el saqueo de recursos públicos sobre los agentes privados, en este caso sobre la Federación. Durante casi veinte años de proceso judicial y administrativo, Ángel María Villar, gran beneficiado de la operación, no ha sido imputado por los tribunales de Justicia ni ha tenido que defender judicial ni administrativamente sus intereses, porque ya ha tenido a los alcaldes y equipos de gobierno del Partido Popular de Las Rozas para hacerlo.

Su imagen social y la de la Federación han permanecido durante largos años impolutas pese a las sentencias judiciales que constataban el saqueo. La muy legítima afición por el fútbol de buena parte de la sociedad ha sido utilizada por Villar para construir un cascarón de impunidad social y mediática para sus oscuros negocios que, en el caso de Las Rozas, se asentaban sobre la usurpación a todos los vecinos de un patrimonio público valorado en más de 46 millones de euros.

La semana pasada, la noticia de su detención rompió por fin ese cascarón. Esperemos que esta nueva situación ayude a que el municipio de Las Rozas defienda por fin su dignidad y sus derechos frente a quienes, sin que nadie les votara, dictaron las políticas municipales durante 20 años. Nosotros, por supuesto, seguiremos intentándolo.

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