Preguntas Pleno Diciembre 2014

1- ¿Considera el Equipo de Gobierno suficiente el apoyo que se ofrece desde el Ayuntamiento a la creación cultural en el ámbito local?

2- ¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno elevar a Pleno durante esta legislatura la revisión del Plan General de Ordenación Urbana?

Moción instando a no sufragar con dinero público los gastos judiricos derivados de las instrucciones de diligencias previas 1/2014 de la sala 10 de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Mociones presentadas en pleno municipal

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputó por desobediencia y prevaricación a siete personas que componían la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas durante la legislatura 2007/2011, entre los que se encuentran el exalcalde Bonifacio de Santiago y seis concejales, tres de los cuales siguen formando parte del Equipo de Gobierno local. El motivo de las imputaciones fue el incumplimiento de una sentencia de este mismo Tribunal que obligaba al gobierno municipal a revertir la cesión ilegal de los terrenos públicos donde se ubica la Ciudad del Fútbol en favor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El gobierno del Partido Popular en Las Rozas decidió en 1998 ceder gratuitamente la titularidad de estos terrenos a una entidad privada. Supuso un regalo a la RFEF en detrimento del patrimonio municipal, de todos los roceños.

De forma consciente los miembros del citado órgano no atendieron al requerimiento judicial, yendo contra los intereses de los vecinos de Las Rozas. Esta situación se dilató en el tiempo hasta que el actual Equipo de Gobierno aprobó la cesión gratuita de la parcela durante 75 años. El objetivo era el mismo, que esta entidad privada desarrolle su actividad lucrativa de forma completamente gratuita en el municipio. Los recursos públicos de Las Rozas de nuevo se han puesto al servicio de los intereses privados.

La Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2014 aprobó sufragar los gastos correspondientes a la asistencia letrada y defensa procesal derivada de las instrucciones de Diligencias Previas de este caso. De esta forma será el Presupuesto municipal el que soporte un contrato con la empresa Clifford Chance que ascienden a 33.800 euros.

La Ley no obliga expresamente a nuestro Ayuntamiento a contratar y abonar estos gastos. Por lo tanto se trata de una decisión exclusiva de la Junta de Gobierno Local. No es comprensible que las consecuencias de la inacción del Equipo de Gobierno del PP recaigan sobre el Presupuesto municipal que es dinero de todos. La sanción deriva de una decisión personal de los concejales que aprobaron no atender a los intereses de los ciudadanos del municipio.

La actual convulsión social no es casual, son el producto de años de saqueo de las instituciones y de sumisión a los intereses de los mercados. La ciudadanía exige una fidelidad total a la hora de que los representantes públicos defiendan sus intereses. Decisiones políticas como la que nos ocupan van en dirección opuesta. Primero se aprueba la despatrimonialización de nuestro Ayuntamiento y después se cargan al Presupuesto municipal los gastos jurídicos de los responsables de desatender un mandamiento judicial que anulaba la cesión.

Por todo lo expuesto anteriormente y en su virtud, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid eleva al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas para su debate, y aprobación si procede, el siguiente

ACUERDO:

 

Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas a iniciar los trámites oportunos para dejar sin efecto el acuerdo de adoptado en este mismo órgano en sesión celebrada el 4 de julio de 2014 y por el cual se sufragan los gastos correspondientes a la asistencia letrada y defensa procesal derivada de las instrucciones de Diligencias Previas 1/2014 de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 

Moción instando a la aprobación de un catálogo de bienes y espacios protegidos en Las Rozas

Mociones presentadas en pleno municipal

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos es el principal instrumento comprendido en la legislación estatal y autonómica para la protección y conservación del patrimonio histórico a nivel municipal.

La importancia de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos y las obligaciones legales de los Ayuntamientos en la protección del patrimonio histórico quedan recogidas en el artículo 16.1 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que establece que:

“Los Ayuntamientos están obligados a recoger en sus catálogos de bienes y espacios protegidos tanto los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como los bienes que, reuniendo los requisitos del artículo 2.1, puedan tener relevancia para el Municipio. Estos últimos bienes se sujetarán al régimen de protección que establezca el planeamiento urbanístico, que deberá incorporar las medidas necesarias para su adecuada conservación.”

La figura del Catálogo también tiene un papel esencial en el ordenamiento urbanístico desde los albores de la legislación urbanística española. Así, aparece recogida en las leyes del suelo estatales de 1956 (art. 20), 1976 (art. 25) y 1992 (art. 93). En cuanto la legislación urbanística vigente, el artículo 43.f de la Ley 9/2001, de Suelo, de la Comunidad Autónoma de Madrid, define las funciones del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la siguiente forma:

“El Catálogo identificará los terrenos; los edificios, las construcciones y los conjuntos de unos y otras; los jardines y los restantes espacios ya sujetos a protección en virtud de la legislación reguladora del patrimonio histórico y artístico y los merecedores de protección en atención a sus valores y por razón urbanística, e incorporará, por remisión, el régimen de protección a que estén sujetos los primeros y establecerá el aplicable a los segundos para su preservación.”

Así, resulta anacrónico que un municipio de 90.000 habitantes como Las Rozas de Madrid no cuente a finales del año 2014 con un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en vigor. La ausencia de este Catálogo perpetúa una situación de desprotección del patrimonio histórico local y evidencia la desidia y el desinterés que han tenido los sucesivos gobiernos locales en la protección del patrimonio. Esta situación prolongada durante décadas ha permitido la destrucción de buena parte del patrimonio histórico de Las Rozas, coincidiendo con el crecimiento urbanístico de las últimas décadas.

La situación que se da en el municipio de Las Rozas de no contar con Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos es absolutamente inusual, y se encuentra ya fuera de todos los plazos exigidos por la legislación vigente. En este sentido, la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, establece en su Disposición Transitoria Primera que:

“Los Ayuntamientos deberán completar o formar sus catálogos de bienes y espacios protegidos en los términos establecidos en el artículo 16 en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.”

Así, desde el día 18 de junio de 2014 este Ayuntamiento está incumpliendo sus obligaciones legales respecto a la protección del patrimonio histórico, sin que se hayan materializado en los últimos seis meses las promesas del Equipo de Gobierno para la pronta aprobación de este documento.

En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Las Rozas eleva al Pleno los siguientes ACUERDOS para que sean considerados en este Pleno Municipal:

1- Que se proceda a elevar a Pleno en un plazo máximo de dos meses la aprobación inicial del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Las Rozas de Madrid.

2- Que tal catálogo recoja el grado de protección reconocido por informes técnicos y publicaciones especializadas de todos los inmuebles y espacios que conforman el patrimonio histórico de Las Rozas de Madrid.